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Pinceladas jurídicas. EL RUIDO EN FASE JUDICIAL. Legitimación activa de las Comunidades de Propietarios en los procedimientos judiciales. Requisitos formales.

 

Legitimación activa de las Comunidades de Propietarios en los procedimientos judiciales frente a la Administración.

              Cuando el que suscribe estudia el ruido, se encuentra con un abanico de acciones a formular y una pluralidad de situaciones a las cuales aplicar las distintas argumentaciones jurídicas. Este es el caso que nos ocupa en el presente artículo.

              Vemos como el problema del ruido puede afectar a los vecinos de una comunidad de propietarios y en muchas ocasiones es tratado, como conjunto y para unidad de acción, en el seno de la Comunidad.

 El administrador de fincas o el presidente se ve requerido por los vecinos más afectados para realizar las acciones necesarias para el cese de la molestia por ruido que vienen sufriendo. Esta molestia puede ser motivada por agentes externos o internos. En el presente caso me voy a centrar en el planteamiento de la acción judicial frente a la agresión acústica que sufren los vecinos, pero derivada de una actividad externa a la propia comunidad que afecta de lleno a los propietarios de la misma.

 Cuando hablamos de actividades externas, nos vamos a referir a las actividades sujetas a licencia administrativa. Así, estas actividades están sometidas a la autorización por parte de la Administración y bajo el paraguas de la normativa estatal, autonómica o local. Las licencias a las que nos referimos son regladas por ser la normativa la que, indicando los requisitos tanto de apertura como de funcionamiento limitan la actividad de la Administración a la concesión, previa comprobación de los requisitos y conforme a un procedimiento establecido, de dichas licencias.

 Es competencia de las distintas Administraciones (local, autonómica, estatal), según la variada atribución competencial fijada en la normativa, la inspección y control de las actividades sujetas a licencia, así como el cumplimiento de la normativa en cuanto al desarrollo de actividades que, careciendo de las mismas, se desarrollen de infringiendo o no cumpliendo con dicha normativa.

 En este caso la Comunidad de Propietarios afectada procede a acordar en el seno de la misma decisión tendente a exigir a la Administración la solución y el cese de la molestia, instando distintas actividades de inspección, comprobación y actuación para ello. Es cuando estas solicitudes son denegadas o desoídas cuando entra la cuestión procedimental de la legitimación de la Comunidad de Propietarios en un procedimiento judicial que abra la posibilidad de amparo judicial ante la inacción o acción no conforme a derecho, al entender de los propietarios, de la Administración.

            En este punto, tengo que manifestar que me ha movido a escribir este artículo la lectura detenida de la Sentencia de fecha 19 de abril de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Primera) y sobre todo una frase que, alejándose del objeto del presente, quiero transcribir:

           “Nos encontramos ante el clásico problema analizado hasta la saciedad por esta Sala de inactividad del Ayuntamiento ante problemas de contaminación acústica, normalmente consiste en desplegar mucha actividad procedimental y no adoptar decisión de ningún tipo, lo que en términos coloquiales se conoce como "marear la perdiz”….."

 Por hacer un breve comentario, ya que se aleja del objeto de este artículo, yo añadiría que “No solo hay que actuar sino hacerlo eficazmente frente al ruido.  El figurar o el parecer, al ruido no hacen desaparecer.”

 Tras este breve, pero importante inciso, y entrando en la materia de la legitimidad activa de la Comunidad de propietarios en los procedimientos judiciales a entablar, decir que los requisitos para ello se contienen en la normativa específica, Ley 49/1960, Ley de Propiedad Horizontal, así como la procedimental contenciosa-administrativa, Ley 29/1998 de 13 de Julio, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

              Así, el art. 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal establece. “El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten…”. Dicha facultada del presidente debe entonces relacionarse con los artículos 18.2 y  45.2.d de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de los cuales se desprende que la presentación de la demanda deberá acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigido para entablar las acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que le sean de aplicación y ello siempre y cuando no haya sido incorporado o insertado en el poder de representación junto con la demanda.

 Pero todo ello, quedaría cojo si no añadiéramos la interpretación Jurisprudencial que termina por fijar la necesidad y forma de presentación de la documentación requerida a la que hace referencia la anterior legislación. Esto se concreta en la necesaria presentación de certificación del acuerdo de la comunidad en la que se establece la autorización concreta para la formulación de un procedimiento judicial con indicación del concreto objeto de la demanda a entablar. Aquí podríamos fijar un número elevado de Sentencias del Tribunal Supremo en la que se fija este criterio o se termina de perfilar dichos requisitos formales a cumplir para la presentación y correcta acreditación de la legitimidad activa.

 Este requisito, ya expuesto, podemos entenderlo subsanable. Este carácter nos llevaría a entender que no sería ajustado a derecho una resolución o Sentencia de inadmisión por esta falta de legitimación, cuando no se ha tratado, alegado por parte o puesto sobre la mesa por el propio Juzgado o Tribunal. Así, lo viene a establecer en cuanto a los términos de plazos de subsanación el art. 138 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En este punto vemos que el primero de los supuestos posibles pasaría por la alegación de la parte contraria (art. 138.1 de la ley procesal): Este se concretaría en la formulación de la oportuna excepción por parte de alguna de las partes, constatando el hecho del incumplimiento de tal requisito. En el presente caso se establece que se podrá subsanar en el plazo de 10 días siguientes a la notificación del escrito en tal sentido.

 El segundo supuesto sería cuando es el propio Juzgado o Tribunal (art. 138.2 de la ley procesal) quien, de oficio, advierta de tal ausencia. En este último caso deberá igualmente dar plazo para su subsanación, incluso con suspensión del fijado para dictar sentencia.

 

 

 

 

               Antonio García García.

Abogado Director de Abogado del Ruido

 

 

El presente artículo es de opinión, teniendo efecto de breve reflexión, informativo y careciendo de virtualidad o certificación jurídica. 

 

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