¿TE AYUDAMOS Y HABLAMOS DEL RUIDO?

LEGITIMIMACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Derechos fundamentales afectados por el ruido.

¿Puede una comunidad de propietarios accionar judicialmente para la tutela del derecho a la intimidad personal y familiar así como del derecho a la integridad física en defensa y representación de los vecinos individuales? ¿El procedimiento especial recogido en los artículos 114 y siguientes de la LJCA está limitado a las personas físicas? ¿Las comunidades de propietarios están excluidas de legitimación para accionar mediante el mismo?.

Muchas son las consultas y las noticias que sobre este tema llegan a Abogado del Ruido relacionadas con la acción judicial frente a la agresión acústica. En este sentido todos hemos leído noticias donde determinas acciones judiciales en defensa de la salud, descanso e intimidad de los vecinos han sido inadmitidas o desestimadas por los Tribunales aludiendo a la falta de legitimación de la comunidad de propietarios como persona jurídica.

Hay que distinguir la inadmisión de la demanda por falta de legitimación «ad procesum» de la desestimación por falta de legitimación «ad causam» de la misma.

La primera normalmente es debida a temas procesales o formales. Destacar en este punto que los Juzgados y Tribunales están cada día, muy poco a poco, rompiendo con las rigideces formales. Esta linea resolutiva recae en que mantener tal grado de exigencia puede vulnerar del derecho a la tutela judicia efectival. En este sentido destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 60/2017 en la que se viene a establecer que el acceso a la jurisdicción «no impide que los órganos judiciales rechacen ab initio aquellas pretensiones en virtud de una causa legal rectamente aplicada, pero sí impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución sobre el fondo».

Estas inadmisiones recaen generalmente por el incumplimiento de los requisitos procesales requeridos para la acción judicial de las personas jurídicas. En este campo podemos citar la no aportación del acuerdo adoptado en el seno de la comunidad, como persona jurídica, como requisito para entablar la acción judicial y que podría dar lugar a otro artículo.

Pero para dar respuesta a las cuestiones planteadas al inicio tenemos que entran en las cuestiones relativas a la falta de legitimación «ad causam». En este punto tenemos que acudir a las sentencias y resoluciones de los altos Tribunales. Vemos como los mismos se decantan por reconocer, como así se refleja en la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia nº 528/2021 de 9 de diciembre y otras que se citan en ella que «Los derechos a la intimidad personal y familiar y el derecho a la integridad física solo puede detentarlos las personas físicas, sin que sea posible su atribución a las personas jurídicas»(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia nº 4310/2016 de 6 de octubre).

También se trata Igualmente el derecho a la inviolabilidad del domicilio que, aún siendo extensible a las personas jurídicas lo entienden limitado o aminorado en su protección debido a la escasa vinculación al ámbito de intimidad en sentido originario. De esta manera se contiene en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 69/1999 de fecha 26 de abril.

Así, la sentencia citada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia hace suya la argumentación del Tribunal Constitucional que determina «Aún cuando el presidente de la comunidad está legitimado para representarla ( art. 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal), y la comunidad de propietarios representa a los vecinos que la integran, ello solo se refiere a los aspectos propios del régimen de propiedad horizontal, pero no cuenta con la legitimación por sustitución de los vecinos para pretender la tutela de los derechos fundamentales que solo son predicables de las personas jurídicas

Todo ello y linea que marca la jurisprudencia nos hace concluir que la acción, encaminada a la protección mediante el procedimiento especial contemplado en la LJCA en su artículo 114 y siguientes, debe ser instada por los vecinos afectados de forma individual aunque ello lleve a que las demandas sean instadas por un número amplio de propietarios.

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"En el nivel de ruido que nos molesta, influye sobre todo el nivel de conciencia que frente al mismo tiene quien lo genera".

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